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GERARDO LOPEZ archivos - MQNEY

La región del Bajío se ha colocado como un espacio donde los comercios enfrentan los embates del crimen organizado.

Lamentablemente, además del recurrente “cobro de piso”, robo hormiga y demás flagelos, ahora los comercios en pequeños (tradicionales “tienditas de la esquina”), tienen que padecer extorsión por parte del crimen organizado quienes les exigen que vendan cigarros ilegales (de contrabando, robo o “piratas”); y si se niegan los atacan, ya sea baleándolos o prendiéndoles fuego.

De acuerdo con la organización Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (CONCOMERCIO), la problemática se ha presentado, sobre todo, en Guanajuato y Aguascalientes, en presuntas bandas de criminales obligan a los comercios establecidos funcionar como canales de distribución de productos ilícitos.

“Los pequeños comercios del país son víctimas permanentes del clima de inseguridad que azota al país, pues además del llamado robo hormiga, el pago de derecho de piso y atracos recurrentes, ahora también deben padecer los embates del crimen organizado, el cual se ha convertido en el principal distribuidor de diferentes productos, como lo de cigarros de contrabando o robados y los cuales son introducidos a negocios mediante chantajes y extorsión para que sean exhibidos y vendidos; los dueños que se niegan pueden ser víctimas de ataques a su integridad o negocio”, afirmó el presidente de CONCOMERCIO y la Empresa Familiar.

El presidente del organismo, Gerardo López Becerra, aseguró que, contrario del optimismo que reportan representantes de los tres órdenes de gobiernos y de las diferentes banderas políticas del país, lo cierto es que las bandas criminales han tomado tanta fuerza, que hoy en día son quienes definen la pauta comercial en algunas zonas del país a un grado tal, que imponen un auténtico escenario de “terrorismo” al chantajear a negocios y comercios.

Gerardo López Becerra advirtió que el fenómeno del crimen organizado como distribuidor de tabaco ilegal tiene graves consecuencias que van más allá del tema comercial.

“Por un lado -explicó-, los dueños de comercios, misceláneas, tiendas de abarrotes y pequeñas fondas son extorsionados para vender dichos productos con el riesgo de perder su vida y su patrimonio y, por el otro, se encuentran los graves riesgos a la salud que implican los cigarrillos ilícitos, porque son productos que no cumplen con normas de calidad y seguridad, pues se han detectado que traen residuos de pasto, periódico, cartón y hasta heces fecales”.

Sin embargo, el empresario lamentó que con todo y esa radiografía de datos que disponen las autoridades, lo cierto es que no se han emprendido acciones coordinadas e integrales para revertir este escenario, en donde los criminales utilizan a los comercios como canales de distribución y venta de distintos productos de contrabando, como lo son los cigarros ilegales para fondearse y comprar armamento.

“En diferentes partes de la República están presentes los comercios y hasta tiendas de conveniencia balaceadas e incendiadas como respuesta a la negativa de los comerciantes a someterse a vender productos ilegales; es un auténtico escenario de terrorismo, en donde ya existe gente que prefiere bajar la cortina de manera permanente y cambiar de actividad productiva, decisión que impacta emocional y económicamente a su familia y deja sin empleos a los trabajadores del negocio”, denunció el presidente de CONCOMERCIO y la Empresa Familiar.

De acuerdo con un estudio del instituto Oxford Economics, se estima que, en México, casi el 20% de los cigarros de tabaco que se comercializan en el país, son de origen ilegal.

El documento estima que la merma fiscal que representa la proliferación de los cigarros ilegales podría superar los 13 mil 500 millones de pesos al año.

Ante dicho escenario, Gerardo López, presidente de CONCOMERCIO, lanzó un enérgico llamado al gobierno federal, a los gobiernos estatales y autoridades municipales a dejar a un lado sus diferencias políticas y entablar una estrategia para enfrentar al crimen organizado, pues los ciudadanos y los negocios (particularmente los de menor tamaño), son las víctimas de la indiferencia de las autoridades.