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La informalidad en México es un fenómeno que, pese a esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno y de todas las banderas políticas, ha persistido en décadas. Y lo cierto, es que la perspectiva no es nada favorable.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 55.5 por ciento de los mexicanos ocupados en alguna actividad productiva están en la informalidad, es decir, más de la mitad de los connacionales trabajando carecen de las prestaciones mínimas de ley, como seguridad social, fondo para la compra de vivienda, entre otros aspectos.

De esta manera, más de 32 millones de personas laboran en una actividad no registrada ante la ley.

Estimaciones del INEGI apuntan a que la informalidad en México alcanza un valor superior a los seis billones 850 mil millones de pesos, lo que representa casi un cuarto de la economía del país. En otras palabras, por cada peso que genera la economía mexicana, 25 centavos lo produce la informalidad, sector en donde participan actividades como el ambulantaje, tianguis, empresas evasoras y claro, el crimen organizado.

Cabe mencionar que a nivel estatal, Querétaro se colocó en el Top Seis de las entidades federativas en donde la informalidad reportó las mayores tasas de crecimiento, con 8..6 por ciento.

Dicho valor supera en cuatro puntos porcentuales el crecimiento que anotó la informalidad a nivel nacional y al 4.1 por ciento en que creció la economía queretana también durante el tercer trimestre de 2023.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), es indispensable que los tres órdenes de gobierno del país (federal, estatal y municipal), articulen una estrategia integral para incorporar a la formalidad a los millones de mexicanos que operan en dicho sector, bajo el entendido de las múltiples oportunidades que el país pierde por dicho fenómeno.

Por ejemplo, el instituto estima que por cada 100 pesos que un trabajador formal gana por sus labores, uno informal percibe sólo 55 pesos.