En las calles de Querétaro como en las principales ciudades del país, la venta de vaporizadores a través del comercio informal es una creciente realidad, como resultado del “mercado negro” que desató la serie de decretos presidenciales para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.
Ante ello, diputados, médicos y especialistas coincidieron en que resulta un grave error la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer una prohibición constitucional a los vaporizadores, pues el camino correcto, coincidieron, es caminar hacia la definición y aprobación de un marco regulatorio.
En este sentido, ayer 11 de abril, en Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se llevó a cabo el primer Foro de Diálogo Estatal en donde el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezó los trabajos para analizar la iniciativa presidencial que presentó el presidente de la República el pasado cinco de febrero.
“Nosotros, como legisladores, no solamente tenemos la obligación de escuchar a la sociedad sino elaborar los mejores productos legislativos, las mejores leyes, las que funcionen, las que sirvan para mejorar, en este caso, la salud, la economía y también es muy importante escuchar la opinión de los expertos, como el día de hoy, que hemos escuchado opiniones del sector salud, económico, de los investigadores y todo ello nos ayuda a tener una mejor posición o hacer algunas reflexiones y lograr los consensos en la Cámara”, comentó el diputado de la fracción de Acción Nacional.
En el marco del evento convocado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, el legislador afirmó que, con base a los diversos planteamientos cosechados hasta al momento, así como a diversos testimonios científicos, la experiencia internacional y las consecuencias que provocó la serie de decretos presidenciales para prohibir los vaporizadores (como el crecimiento del mercado negro), hay elementos para considerar que el camino a seguir es la definición de un marco que regule a los vaporizadores.
En ese sentido, Juan José Cirion Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, cuestionó la propuesta presidencial que establece una prohibición, y que esta pretenda perpetrar en la constitución que en su naturaleza otorga derechos, no prohibiciones.
El activista aseguró que, como resultado de la serie de disposiciones arbitrarias y sin justificar aplicadas por el gobierno federal en contra de los vaporizadores, México ocupa el lugar 64 de 65 países en el Índice mundial de políticas antitabaco eficaces 2024.
El también Maestro en Derecho refirió que diversos estudios serios y científicos afirman que el vaporizador es, cuando menos, 95 por ciento menos dañino que el consumo de tabaco combustible.
“La carga ideológica que involucra estas prohibiciones las justifica desde meras posturas personalísimas de los representantes del gobierno y hace a un lado la evidencia científica seria, el derecho comparado y las diferentes experiencias internacionales que demuestran que los vaporizadores son una herramienta eficaz de reducción de daño y cesación tabáquica”, comentó el presidente de México y el Mundo Vapeando.
Dicha posición fue respaldada por Tomás O’ Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo, quien también reprobó la decisión presidencial de prohibir los vaporizadores en la Constitución, a pesar de que la experiencia científica e internacional ha demostrado que los dispositivos electrónicos funcionan para abandonar el tabaquismo, actividad que cobra la vida, enfatizó, a 51 mil personas al año en todo el país.
En ese sentido, el activista refirió los casos de Francia y Reino Unido, países cuyas autoridades no sólo han permitido sino también han incorporado a los vaporizadores dentro de sus políticas públicas para combatir el consumo de tabaco.
“El hecho de que la iniciativa combine estos dos temas es totalmente desafortunado, no tienen nada que ver ni en sus características ni en sus riesgos mucho menos; de hecho es una forma de confundir a la población porque poner en la misma canasta al vapeo y al fentanilo a algunos les hará creer, erróneamente por su puesto, que son igual de dañinos y no tienen nada que ver absolutamente, es un error de técnica legislativa”, cuestionó, “ toda vez que abona a la -ya de por sí, abundante desinformación y mitos que existen sobre los dispositivos electrónicos.”
Ante ello, el diputado Jorge Inzunza Armas explicó que el nombre se debió a que el Ejecutivo incluyó en una sola propuesta la prohibición tanto del fentanilo como de los vaporizadores. No obstante admitió que lo más acertado hubiera sido realizar dos foros con temáticas diferentes.
El diputado Ector Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y participante en el foro, dejó en claro que este tipo de espacios de discusión fue gracias a la decisión de los legisladores para pugnar para que las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente de la República sean analizadas bajo un esquema de parlamento abierto y con ello frenar la posibilidad de pasar en automático las propuestas.
De esta manera, fruto de la cosecha de testimonios y propuestas que se ha logrado en los últimos meses, el diputado adelantó que, al menos, la propuesta presidencial de prohibir a grado constitucional a los vaporizadores no debiera salir adelante en el Congreso de la Unión.
“Esta iniciativa no se va a aprobar; no va a alcanzar las dos terceras partes en la Cámara de Diputados; no se va a aprobar; debemos avanzar hacia la regulación; hemos presentado iniciativas y el Ejecutivo se niega a discutirlas; un servidor público debe hacer lo que la ley le faculta”, comentó el legislador.
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