Más allá de las implicaciones sociales y económicas conllevaría una regulación del mercado de vaporizadores en México, lo cierto es que dicho proceso tendría un importante impacto en materia de salud en el país, y en especial en estados como Querétaro, en dónde existe una alarmante afición al consumo de tabaco.
De acuerdo con la organización civil Salud y Género, el consumo de tabaco en los habitantes de Querétaro se duplicó en menos de una década, sin que ese aumento tenga relación con el incremento poblacional, pues de 2008 a 2016 la población apenas aumentó en 21 por ciento.
De acuerdo con la última edición disponible de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encontré), de 2017, Querétaro se ubicó en el octavo lugar nacional con mayor número de fumadores.
De esta manera, se estima que 19.1 por ciento de los queretanos de 12 a 65 años fuman tabaco diario y ocasionalmente, porcentaje mayor al 17.6 por ciento observado a nivel nacional.
Por lo anterior, es claro que resulta necesario ofrecer a los queretanos que desean abandonar el tabaquismo alternativas para superar dicho vicio, pero dentro de un marco legal y regulado para garantizar productos de calidad.
En este sentido, los vaporizadores han demostrado científicamente su eficiencia para funcionar como alternativas de riesgo reducido para todos aquellos que desean abandonar el tabaquismo, pero en México, hoy en día, están sujetos de fallidos y complicados marcos legales, lo que ha detonado un peligroso “mercado negro”.
Asi, a propósito del Día Mundial del Vapeo este 30 de mayo, es necesario resaltar que una gran cantidad de estudios científicos acreditan que el cigarro electrónico es significativamente menos dañino que el tabaco combustible, lo que demuestra que la serie de decretos presidenciales en México para prohibir la importación, distribución y venta de los vaporizadores parece estar fundamentada en posturas ideológicas de carácter moralista, afirmó Tomás O’Gorman, integrante de Pro-Vapeo México.
En ese sentido, el también miembro de la junta de gobierno de la asociación internacional “The International Network of Nicotine Consumers Organisations” (INNCO), lamentó las políticas prohibicionistas en el país, ya que en caso de que las autoridades aprobaran un marco regulatorio proporcional al daño y basado en evidencia para los vaporizadores, y permitieran su aplicación en la lucha en contra del tabaquismo, tal y como ya sucede en otros países, como el Reino Unido y Nueva Zelanda, se evitarían cada año, miles de muertes en México.
“Lo más preocupante son las consecuencias negativas y la afectación a los derechos humanos que derivan de la prohibición impuesta”, afirmó el activista.
Al respecto, el también abogado refirió que recientemente se dio a conocer un reporte preliminar del estudio denominado “El impacto potencial de eliminar la prohibición de los sistemas electrónicos de administración de nicotina utilizando el modelo mexicano para fumar y vapear (SAVM)”, en el que sus autores (reconocidos expertos como David Levy de la Universidad de Georgetown o el mexicano Rafael Meza de la Universidad de British Columbia en Canadá), sostienen que si en México se derogara la prohibición y se promoviera una regulación basada en ciencia, podría obtenerse una significativa reducción de la tasa de tabaquismo de aproximadamente 40% para los hombres y 30 en las mujeres.
Con ello -agrega el estudio dado a conocer apenas en abril pasado-, se evitarían en México cerca de 106 mil muertes por el consumo de tabaco entre 2025 y 2049.
“Si bien ese artículo es todavía un pre-print, permite dimensionar a qué grado el decreto prohibicionista coadyuva a perpetuar el tabaquismo y, por tanto, las enfermedades y muertes asociadas al consumo de tabaco”, apuntó Tomás O´Gorman.
Sobre este punto, Tomás O´Gorman refirió que, conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la tasa de tabaquismo en población adulta de México se ha mantenido los últimos 12 años en alrededor del 19%.
En cambio, “conforme a las proyecciones demográficas que contiene el reporte preliminar, salvar 106 mil vidas y reducir de forma tan significativa la prevalencia del tabaquismo en México constituiría un importante logro en materia de salud pública. Para ello es preciso que se expidan leyes y regulaciones del cigarro electrónico basadas en evidencia científica, proporcionales al riesgo y respetuosas de la autonomía de las personas; pero hasta que ello no ocurra, cada día 140 mexicanos seguirán perdiendo la vida debido al consumo del tabaco”, afirmó el integrante de ProVapeo.
Cabe mencionar que el artículo científico se encuentra en fase “pre-print”, es decir, aún no está publicado formalmente y se encuentra pendiente de revisión por pares, pero los artículos en esa fase se suelen dar a conocer para permitir que otros científicos revisen, analicen y comenten los hallazgos de inmediato.
Mientras tanto, en México, el gobierno federal emitió en febrero del 2020 el primer decreto para prohibir la importación de vaporizadores, sustentándose en las muertes que ocurrieron en el otoño de 2019 en Estados Unidos, siendo que ha quedado demostrado que esa crisis llamada “EVALI” se debió al consumo de productos adulterados de THC en el mercado negro de aquel país, y que nada tienen que ver con el vapeo convencional con nicotina.
A partir de eso, han sido publicados en el país una serie de decretos prohibicionistas hasta el último que data del 31 de mayo de 2022, con todo y que en octubre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró “inconstitucional” la prohibición de venta de dichos dispositivos electrónicos.
Sobre el tema, el presidente de México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, también consideró que los resultados del estudio mencionado “echan por la borda” los argumentos arbitrarios e ideológicos que ha utilizado el gobierno federal para prohibir el vapeo, por lo que pidió a las autoridades responsables a revisar los resultados y darle paso a una discusión profesional y madura en la materia.
Incluso, el también Maestro en Derecho destacó que el estudio adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que entre los especialistas que lo llevaron a cabo se encuentran doctores que aparecen en el directorio del Instituto Nacional de Salud Pública (perteneciente a la Secretaría de Salud del gobierno federal), como el caso de Luz María Sánchez Romero y Luis Zavala Arciniega.
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