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La serie de decretos presidenciales para prohibir los vaporizadores provocaron un peligroso “mercado negro” en México, en virtud de que se crearon canales de distribución y venta que acercaron los dispositivos electrónicos a menores de edad.

De esa manera, a causa del último decreto del 30 de mayo de 2022, cada vez es más frecuente en la vía pública, comerciantes ambulantes, puestos informales y tianguis la venta de cigarros electrónicos sin restricción alguna, a pesar de que son artículo para consumo exclusivo de mayores de edad.  

Y en este sentido, las principales arterias viales de Querétaro no son la excepción. Hoy en día, es común apreciar venta y consumo de los dispositivos electrónicos en plazas públicas, puestos informales y comerciantes ambulantes de las principales ciudades del estado.

Ante ello, es urgente que en México se formule y se apruebe un marco regulatorio para definir las reglas de importación, distribución y venta de los vaporizadores, en lugar de la política prohibicionista del gobierno federal.

Al respecto, la organización civil México y el Mundo Vapeando afirmó que la Organización Mundial de la Salud (OMS), y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), recomendaron aplicar marcos regulatorios para el mercado de los cigarros electrónicos, con el objetivo de garantizar que su consumo sea estrictamente para mayores de edad.

“Contrario a la política prohibicionista del gobierno mexicano, la decisión de la OMS y de la OPS de apoyar la regulación de los vaporizadores va en línea con la estrategia de acercar instrumentos de riesgo reducido a las personas que desean abandonar el tabaquismo, al tiempo que se definen reglas para evitar que estos dispositivos electrónicos no estén al alcance de menores de edad”, destacó el activista desde el Foro Global de Nicotina (GFN por sus siglas en inglés), que se realiza en la ciudad de Varsovia, Polonia.

El 12 de junio, en el marco de una conferencia de prensa con motivo del Día Mundial sin Tabaco, el representante de la OPS y de la OMS en México, José Gerardo Moya, dijo que ambos organismos internacionales recomiendan regular el mercado de los cigarros electrónicos.

“Desde la OPS/OMS recomendamos crear ambientes cien por ciento libres de humo de tabaco y de emisiones, regular los cigarrillos electrónicos, prohibir la publicidad, promoción y patrocinio”, dijo el funcionario en un evento realizado en la Ciudad de México.

En esa tónica, Juan José Cirión deploró que mientras que en México los vaporizadores están prohibidos por decretos presidenciales (el último ocurrió el 30 de mayo de 2022); las autoridades de Egipto acordaron permitir y regular la comercialización de los dispositivos electrónicos para combatir el tabaquismo.

            En ese sentido, el activista exhortó a las autoridades mexicanas revisar y aprender de la experiencia internacional en materia de combate al tabaquismo, en donde los dispositivos de riesgo reducido, como el caso de los vaporizadores, han comprobado su eficacia científica para revertir el consumo de tabaco.

            Así, en el marco de los trabajos del Foro Global de Nicotina (GFN por sus siglas en inglés), el también abogado pidió al gobierno mexicano asumir una posición responsable en materia de combate al tabaquismo y dejar de confundir y desinformar a la población sobre las ventajas que representan los vaporizadores para dejar el tabaquismo.

“Desde el momento en que nuestros gobiernos, lo primero que hacen es aplicar prohibiciones con base en mentiras, nos damos cuenta de que la población no comprende la realidad del concepto de reducción de daños por la propia desinformación gubernamental”, comentó el Maestro en Derecho en el marco del evento mencionado.

Más allá de las implicaciones sociales y económicas conllevaría una regulación del mercado de vaporizadores en México, lo cierto es que dicho proceso tendría un importante impacto en materia de salud en el país, y en especial en estados como Querétaro, en dónde existe una alarmante afición al consumo de tabaco.

De acuerdo con la organización civil Salud y Género, el consumo de tabaco en los habitantes de Querétaro se duplicó en menos de una década, sin que ese aumento tenga relación con el incremento poblacional, pues de 2008 a 2016 la población apenas aumentó en 21 por ciento.

De acuerdo con la última edición disponible de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encontré), de 2017, Querétaro se ubicó en el octavo lugar nacional con mayor número de fumadores.

Por lo anterior, es claro que resulta necesario ofrecer a los queretanos que desean abandonar el tabaquismo alternativas para superar dicho vicio, pero dentro de un marco legal y regulado para garantizar productos de calidad.

En este sentido, los vaporizadores han demostrado científicamente su eficiencia para funcionar como alternativas de riesgo reducido para todos aquellos que desean abandonar el tabaquismo, pero en México, hoy en día, están sujetos de fallidos y complicados marcos legales, lo que ha detonado un peligroso “mercado negro”.

Asi, a propósito del Día Mundial del Vapeo este 30 de mayo, es necesario resaltar que una gran cantidad de estudios científicos acreditan que el cigarro electrónico es significativamente menos dañino que el tabaco combustible, lo que demuestra que la serie de decretos presidenciales en México para prohibir la importación, distribución y venta de los vaporizadores parece estar fundamentada en posturas ideológicas de carácter moralista, afirmó Tomás O’Gorman, integrante de Pro-Vapeo México.

En ese sentido, el también miembro de la junta de gobierno de la asociación internacional “The International Network of Nicotine Consumers Organisations” (INNCO), lamentó las políticas prohibicionistas en el país, ya que en caso de que las autoridades aprobaran un marco regulatorio proporcional al daño y basado en evidencia para los vaporizadores, y permitieran su aplicación en la lucha en contra del tabaquismo, tal y como ya sucede en otros países, como el Reino Unido y Nueva Zelanda, se evitarían cada año, miles de muertes en México.

“Lo más preocupante son las consecuencias negativas y la afectación a los derechos humanos que derivan de la prohibición impuesta”, afirmó el activista.

Al respecto, el también abogado refirió que recientemente se dio a conocer un reporte preliminar del estudio denominado “El impacto potencial de eliminar la prohibición de los sistemas electrónicos de administración de nicotina utilizando el modelo mexicano para fumar y vapear (SAVM)”, en el que sus autores (reconocidos expertos como David Levy de la Universidad de Georgetown o el mexicano Rafael Meza de la Universidad de British Columbia en Canadá), sostienen que si en México se derogara la prohibición y se promoviera una regulación basada en ciencia, podría obtenerse una significativa reducción de la tasa de tabaquismo de aproximadamente 40% para los hombres y 30 en las mujeres.

Con ello -agrega el estudio dado a conocer apenas en abril pasado-, se evitarían en México cerca de 106 mil muertes por el consumo de tabaco entre 2025 y 2049.

“Si bien ese artículo es todavía un pre-print, permite dimensionar a qué grado el decreto prohibicionista coadyuva a perpetuar el tabaquismo y, por tanto, las enfermedades y muertes asociadas al consumo de tabaco”, apuntó Tomás O´Gorman.

Sobre este punto, Tomás O´Gorman refirió que, conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), la tasa de tabaquismo en población adulta de México se ha mantenido los últimos 12 años en alrededor del 19%.

En cambio, “conforme a las proyecciones demográficas que contiene el reporte preliminar, salvar 106 mil vidas y reducir de forma tan significativa la prevalencia del tabaquismo en México constituiría un importante logro en materia de salud pública. Para ello es preciso que se expidan leyes y regulaciones del cigarro electrónico basadas en evidencia científica, proporcionales al riesgo y respetuosas de la autonomía de las personas; pero hasta que ello no ocurra, cada día 140 mexicanos seguirán perdiendo la vida debido al consumo del tabaco”, afirmó el integrante de ProVapeo.

Cabe mencionar que el artículo científico se encuentra en fase “pre-print”, es decir, aún no está publicado formalmente y se encuentra pendiente de revisión por pares, pero los artículos en esa fase se suelen dar a conocer para permitir que otros científicos revisen, analicen y comenten los hallazgos de inmediato.

Mientras tanto, en México, el gobierno federal emitió en febrero del 2020 el primer decreto para prohibir la importación de vaporizadores, sustentándose en las muertes que ocurrieron en el otoño de 2019 en Estados Unidos, siendo que ha quedado demostrado que esa crisis llamada “EVALI” se debió al consumo de productos adulterados de THC en el mercado negro de aquel país, y que nada tienen que ver con el vapeo convencional con nicotina.

A partir de eso, han sido publicados en el país una serie de decretos prohibicionistas hasta el último que data del 31 de mayo de 2022, con todo y que en octubre del 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró “inconstitucional” la prohibición de venta de dichos dispositivos electrónicos.

Sobre el tema, el presidente de México y el Mundo Vapeando, Juan José Cirión Lee, también consideró que los resultados del estudio mencionado “echan por la borda” los argumentos arbitrarios e ideológicos que ha utilizado el gobierno federal para prohibir el vapeo, por lo que pidió a las autoridades responsables a revisar los resultados y darle paso a una discusión profesional y madura en la materia.

Incluso, el también Maestro en Derecho destacó que el estudio adquiere mayor relevancia si se toma en cuenta que entre los especialistas que lo llevaron a cabo se encuentran doctores que aparecen en el directorio del Instituto Nacional de Salud Pública (perteneciente a la Secretaría de Salud del gobierno federal), como el caso de Luz María Sánchez Romero y Luis Zavala Arciniega.

El gobierno mexicano prohíbe los vaporizadores injustificadamente bajo criterios de incoherencia y datos imprecisos, mientras que en diversos países, como Francia e Inglaterra, los dispositivos forman parte de políticas públicas para abandonar el tabaquismo, coincidieron especialistas y activistas reunidos en The E-Cigarette Summit, que se realizó en la ciudad de Washington DC.

De esta manera, en el marco del evento que tuvo lugar en la capital estadounidense, médicos, autoridades, especialistas y activistas de diversas regiones, coincidieron en señalar que la discusión sobre los vaporizadores debe alejarse de dogmas y prejuicios para darle cabida a la ciencia y al diálogo para privilegiar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a alternativas de riesgo reducido para abandonar el tabaquismo.

En este sentido, el doctor Rafael Meza, miembro del Instituto de Investigación contra el Cáncer de British Columbia, consideró oportuno que las autoridades mexicanas aprendan de la experiencia internacional y apliquen un marco regulatorio para la importación, venta, distribución y consumo de los dispositivos, pues de lo contrario, el llamado “mercado negro” seguirá creciendo, bajo el control del crimen organizado.

En mayo de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para prohibir la venta de vaporizadores, a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional prohibir la venta de los dispositivos.

Por ello, el oncólogo calificó de incoherente la política pública del gobierno mexicano, pues por un lado permite los cigarros convencionales de tabaco y, por otro lado, prohíbe la venta de vaporizadores, a pesar de que científicamente se ha demostrado que ayudan a dejar el consumo de tabaco.

En el foro se mencionó que un estudio del Royal College of Physicians del Reino Unido, identificó que los vaporizadores son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales, en virtud de que estos últimos generan humo por la combustión de tabaco, mientras que los dispositivos electrónicos producen sólo vapor por el calentamiento líquidos que pueden o no contener nicotina.

Sobre dicho punto, Deborah Arnott,  Directora Ejecutiva de Action on Smoking and Health del Reino Unido, informó que el consumo de tabaco en la Gran Bretaña ha bajado en función de un mayor uso de vaporizadores: En el 2013, los fumadores de más de 18 años de edad representaban 18 por ciento de la población adulta y hoy en día (2024), el porcentaje bajó a 13 por ciento; en tanto, el uso de los dispositivos electrónicos subió de 2.7 a 11 por ciento en el mismo lapso, lo que evidencia los resultados alcanzados hasta el momento versus la lucha al tabaquismo.

La también profesora de la División de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Nottingham, destacó la necesidad de regular la venta y consumo de los vaporizadores para garantizar que sólo sean adquiridos por adultos, pues dejó en claro que no son artículos para menores de edad.

Dicha posición la compartió Brian King, director del Centro para Productos de Tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), del gobierno de Estados Unidos, quien mencionó que la autorización de permisos para la venta de dispositivos ha sido muy minuciosa, precisamente para evitar el consumo de vaporizadores por parte de menores de edad, pues advirtió que han recibido peticiones de productos con colores y sabores propios para un mercado de menores de edad.

En ese sentido, el funcionario estadounidense informó que sólo han sido autorizados 23 solicitudes de más de 26 millones de peticiones.

Por su parte, Juan José Cirion Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, también acusó que el gobierno mexicano sustente sus políticas prohibicionistas en desinformación e ideologías obsoletas, como los decretos presidenciales que se sustentan en las muertes que ocurrieron en el otoño de 2019 en Estados Unidos y que las autoridades de dicho país aclararon que obedecieron por el consumo de líquidos adquiridos en el “mercado negro” y no por la práctica del vapeo.

Asimismo, recordó que la organización que representa solicitó, vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), a las autoridades de salud mexicanas el reporte de muertes por el uso de vaporizadores y la respuesta del gobierno fue que no hay casos reportados; “es decir el informe fue cero incidentes”.

“Es lamentable que las autoridades mexicanas no se den la oportunidad de participar en foros como el The E-Cigarette Summit para conocer los estudios y experiencias sobre los vaporizadores y avancen en la formación y aprobación de un marco regulatorio, pues lo cierto es que lo único que ha provocado la prohibición, es el crecimiento exponencial de productos de origen desconocido, los cuales están al alcance de menores de edad”, cuestionó el también maestro en Derecho.

Por lo anterior, el también autor del libro “El concepto de reducción de daños y los derechos humanos” arremetió contra la propuesta de reforma constitucional que presentó el pasado cinco de febrero el presidente López Obrador para prohibir los vaporizadores al equiparlos con el fentanilo.

En las calles de Querétaro como en las principales ciudades del país, la venta de vaporizadores a través del comercio informal es una creciente realidad, como resultado del “mercado negro” que desató la serie de decretos presidenciales para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.

Ante ello, diputados, médicos y especialistas coincidieron en que resulta un grave error la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer una prohibición constitucional a los vaporizadores, pues el camino correcto, coincidieron, es caminar hacia la definición y aprobación de un marco regulatorio.

En este sentido, ayer 11 de abril, en Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se llevó a cabo el primer Foro de Diálogo Estatal en donde el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezó los trabajos para analizar la iniciativa presidencial que presentó el presidente de la República el pasado cinco de febrero.

“Nosotros, como legisladores, no solamente tenemos la obligación de escuchar a la sociedad sino elaborar los mejores productos legislativos, las mejores leyes, las que funcionen, las que sirvan para mejorar, en este caso, la salud, la economía y también es muy importante escuchar la opinión de los expertos, como el día de hoy, que hemos escuchado opiniones del sector salud, económico, de los investigadores y todo ello nos ayuda a tener una mejor posición o hacer algunas reflexiones y lograr los consensos en la Cámara”, comentó el diputado de la fracción de Acción Nacional.

En el marco del evento convocado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, el legislador afirmó que, con base a los diversos planteamientos cosechados hasta al momento, así como a diversos testimonios científicos, la experiencia internacional y las consecuencias que provocó la serie de decretos presidenciales para prohibir los vaporizadores (como el crecimiento del mercado negro), hay elementos para considerar que el camino a seguir es la definición de un marco que regule a los vaporizadores.

El activista aseguró que, como resultado de la serie de disposiciones arbitrarias y sin justificar aplicadas por el gobierno federal en contra de los vaporizadores, México ocupa el lugar 64 de 65 países en el Índice mundial de políticas antitabaco eficaces 2024.

El también Maestro en Derecho refirió que diversos estudios serios y científicos afirman que el vaporizador es, cuando menos, 95 por ciento menos dañino que el consumo de tabaco combustible.

“La carga ideológica que involucra estas prohibiciones las justifica desde meras posturas personalísimas de los representantes del gobierno y hace a un lado la evidencia científica seria, el derecho comparado y las diferentes experiencias internacionales que demuestran que los vaporizadores son una herramienta eficaz de reducción de daño y cesación tabáquica”, comentó el presidente de México y el Mundo Vapeando.

Dicha posición fue respaldada por Tomás O’ Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo, quien también reprobó la decisión presidencial de prohibir los vaporizadores en la Constitución, a pesar de que la experiencia científica e internacional ha demostrado que los dispositivos electrónicos funcionan para abandonar el tabaquismo, actividad que cobra la vida, enfatizó, a 51 mil personas al año en todo el país.

“El hecho de que la iniciativa combine estos dos temas es totalmente desafortunado, no tienen nada que ver ni en sus características ni en sus riesgos mucho menos; de hecho es una forma de confundir a la población porque poner en la misma canasta al vapeo y al fentanilo a algunos les hará creer, erróneamente por su puesto, que son igual de dañinos y no tienen nada que ver absolutamente, es un error de técnica legislativa”, cuestionó, “ toda vez que abona a la -ya de por sí, abundante desinformación y mitos que existen sobre los dispositivos electrónicos.”

Ante ello, el diputado Jorge Inzunza Armas explicó que el nombre se debió a que el Ejecutivo incluyó en una sola propuesta la prohibición tanto del fentanilo como de los vaporizadores. No obstante admitió que lo más acertado hubiera sido realizar dos foros con temáticas diferentes.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y participante en el foro, dejó en claro que este tipo de espacios de discusión fue gracias a la decisión de los legisladores para pugnar para que las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente de la República sean analizadas bajo un esquema de parlamento abierto y con ello frenar la posibilidad de pasar en automático las propuestas.

De esta manera, fruto de la cosecha de testimonios y propuestas que se ha logrado en los últimos meses, el diputado adelantó que, al menos, la propuesta presidencial de prohibir a grado constitucional a los vaporizadores no debiera salir adelante en el Congreso de la Unión.

“Esta iniciativa no se va a aprobar; no va a alcanzar las dos terceras partes en la Cámara de Diputados; no se va a aprobar; debemos avanzar hacia la regulación; hemos presentado iniciativas y el Ejecutivo se niega a discutirlas; un servidor público debe hacer lo que la ley le faculta”, comentó el legislador.