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El gobierno mexicano prohíbe los vaporizadores injustificadamente bajo criterios de incoherencia y datos imprecisos, mientras que en diversos países, como Francia e Inglaterra, los dispositivos forman parte de políticas públicas para abandonar el tabaquismo, coincidieron especialistas y activistas reunidos en The E-Cigarette Summit, que se realizó en la ciudad de Washington DC.

De esta manera, en el marco del evento que tuvo lugar en la capital estadounidense, médicos, autoridades, especialistas y activistas de diversas regiones, coincidieron en señalar que la discusión sobre los vaporizadores debe alejarse de dogmas y prejuicios para darle cabida a la ciencia y al diálogo para privilegiar el derecho de los ciudadanos a tener acceso a alternativas de riesgo reducido para abandonar el tabaquismo.

En este sentido, el doctor Rafael Meza, miembro del Instituto de Investigación contra el Cáncer de British Columbia, consideró oportuno que las autoridades mexicanas aprendan de la experiencia internacional y apliquen un marco regulatorio para la importación, venta, distribución y consumo de los dispositivos, pues de lo contrario, el llamado “mercado negro” seguirá creciendo, bajo el control del crimen organizado.

En mayo de 2022, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto para prohibir la venta de vaporizadores, a pesar de que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional prohibir la venta de los dispositivos.

Por ello, el oncólogo calificó de incoherente la política pública del gobierno mexicano, pues por un lado permite los cigarros convencionales de tabaco y, por otro lado, prohíbe la venta de vaporizadores, a pesar de que científicamente se ha demostrado que ayudan a dejar el consumo de tabaco.

En el foro se mencionó que un estudio del Royal College of Physicians del Reino Unido, identificó que los vaporizadores son 95 por ciento menos dañinos que los cigarros convencionales, en virtud de que estos últimos generan humo por la combustión de tabaco, mientras que los dispositivos electrónicos producen sólo vapor por el calentamiento líquidos que pueden o no contener nicotina.

Sobre dicho punto, Deborah Arnott,  Directora Ejecutiva de Action on Smoking and Health del Reino Unido, informó que el consumo de tabaco en la Gran Bretaña ha bajado en función de un mayor uso de vaporizadores: En el 2013, los fumadores de más de 18 años de edad representaban 18 por ciento de la población adulta y hoy en día (2024), el porcentaje bajó a 13 por ciento; en tanto, el uso de los dispositivos electrónicos subió de 2.7 a 11 por ciento en el mismo lapso, lo que evidencia los resultados alcanzados hasta el momento versus la lucha al tabaquismo.

La también profesora de la División de Epidemiología y Salud Pública en la Universidad de Nottingham, destacó la necesidad de regular la venta y consumo de los vaporizadores para garantizar que sólo sean adquiridos por adultos, pues dejó en claro que no son artículos para menores de edad.

Dicha posición la compartió Brian King, director del Centro para Productos de Tabaco de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés), del gobierno de Estados Unidos, quien mencionó que la autorización de permisos para la venta de dispositivos ha sido muy minuciosa, precisamente para evitar el consumo de vaporizadores por parte de menores de edad, pues advirtió que han recibido peticiones de productos con colores y sabores propios para un mercado de menores de edad.

En ese sentido, el funcionario estadounidense informó que sólo han sido autorizados 23 solicitudes de más de 26 millones de peticiones.

Por su parte, Juan José Cirion Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, también acusó que el gobierno mexicano sustente sus políticas prohibicionistas en desinformación e ideologías obsoletas, como los decretos presidenciales que se sustentan en las muertes que ocurrieron en el otoño de 2019 en Estados Unidos y que las autoridades de dicho país aclararon que obedecieron por el consumo de líquidos adquiridos en el “mercado negro” y no por la práctica del vapeo.

Asimismo, recordó que la organización que representa solicitó, vía el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), a las autoridades de salud mexicanas el reporte de muertes por el uso de vaporizadores y la respuesta del gobierno fue que no hay casos reportados; “es decir el informe fue cero incidentes”.

“Es lamentable que las autoridades mexicanas no se den la oportunidad de participar en foros como el The E-Cigarette Summit para conocer los estudios y experiencias sobre los vaporizadores y avancen en la formación y aprobación de un marco regulatorio, pues lo cierto es que lo único que ha provocado la prohibición, es el crecimiento exponencial de productos de origen desconocido, los cuales están al alcance de menores de edad”, cuestionó el también maestro en Derecho.

Por lo anterior, el también autor del libro “El concepto de reducción de daños y los derechos humanos” arremetió contra la propuesta de reforma constitucional que presentó el pasado cinco de febrero el presidente López Obrador para prohibir los vaporizadores al equiparlos con el fentanilo.

En las calles de Querétaro como en las principales ciudades del país, la venta de vaporizadores a través del comercio informal es una creciente realidad, como resultado del “mercado negro” que desató la serie de decretos presidenciales para prohibir la venta de los dispositivos electrónicos.

Ante ello, diputados, médicos y especialistas coincidieron en que resulta un grave error la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer una prohibición constitucional a los vaporizadores, pues el camino correcto, coincidieron, es caminar hacia la definición y aprobación de un marco regulatorio.

En este sentido, ayer 11 de abril, en Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, se llevó a cabo el primer Foro de Diálogo Estatal en donde el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, encabezó los trabajos para analizar la iniciativa presidencial que presentó el presidente de la República el pasado cinco de febrero.

“Nosotros, como legisladores, no solamente tenemos la obligación de escuchar a la sociedad sino elaborar los mejores productos legislativos, las mejores leyes, las que funcionen, las que sirvan para mejorar, en este caso, la salud, la economía y también es muy importante escuchar la opinión de los expertos, como el día de hoy, que hemos escuchado opiniones del sector salud, económico, de los investigadores y todo ello nos ayuda a tener una mejor posición o hacer algunas reflexiones y lograr los consensos en la Cámara”, comentó el diputado de la fracción de Acción Nacional.

En el marco del evento convocado por la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, el legislador afirmó que, con base a los diversos planteamientos cosechados hasta al momento, así como a diversos testimonios científicos, la experiencia internacional y las consecuencias que provocó la serie de decretos presidenciales para prohibir los vaporizadores (como el crecimiento del mercado negro), hay elementos para considerar que el camino a seguir es la definición de un marco que regule a los vaporizadores.

El activista aseguró que, como resultado de la serie de disposiciones arbitrarias y sin justificar aplicadas por el gobierno federal en contra de los vaporizadores, México ocupa el lugar 64 de 65 países en el Índice mundial de políticas antitabaco eficaces 2024.

El también Maestro en Derecho refirió que diversos estudios serios y científicos afirman que el vaporizador es, cuando menos, 95 por ciento menos dañino que el consumo de tabaco combustible.

“La carga ideológica que involucra estas prohibiciones las justifica desde meras posturas personalísimas de los representantes del gobierno y hace a un lado la evidencia científica seria, el derecho comparado y las diferentes experiencias internacionales que demuestran que los vaporizadores son una herramienta eficaz de reducción de daño y cesación tabáquica”, comentó el presidente de México y el Mundo Vapeando.

Dicha posición fue respaldada por Tomás O’ Gorman, miembro fundador de la organización ProVapeo, quien también reprobó la decisión presidencial de prohibir los vaporizadores en la Constitución, a pesar de que la experiencia científica e internacional ha demostrado que los dispositivos electrónicos funcionan para abandonar el tabaquismo, actividad que cobra la vida, enfatizó, a 51 mil personas al año en todo el país.

“El hecho de que la iniciativa combine estos dos temas es totalmente desafortunado, no tienen nada que ver ni en sus características ni en sus riesgos mucho menos; de hecho es una forma de confundir a la población porque poner en la misma canasta al vapeo y al fentanilo a algunos les hará creer, erróneamente por su puesto, que son igual de dañinos y no tienen nada que ver absolutamente, es un error de técnica legislativa”, cuestionó, “ toda vez que abona a la -ya de por sí, abundante desinformación y mitos que existen sobre los dispositivos electrónicos.”

Ante ello, el diputado Jorge Inzunza Armas explicó que el nombre se debió a que el Ejecutivo incluyó en una sola propuesta la prohibición tanto del fentanilo como de los vaporizadores. No obstante admitió que lo más acertado hubiera sido realizar dos foros con temáticas diferentes.

El diputado Ector Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud y participante en el foro, dejó en claro que este tipo de espacios de discusión fue gracias a la decisión de los legisladores para pugnar para que las iniciativas constitucionales presentadas por el presidente de la República sean analizadas bajo un esquema de parlamento abierto y con ello frenar la posibilidad de pasar en automático las propuestas.

De esta manera, fruto de la cosecha de testimonios y propuestas que se ha logrado en los últimos meses, el diputado adelantó que, al menos, la propuesta presidencial de prohibir a grado constitucional a los vaporizadores no debiera salir adelante en el Congreso de la Unión.

“Esta iniciativa no se va a aprobar; no va a alcanzar las dos terceras partes en la Cámara de Diputados; no se va a aprobar; debemos avanzar hacia la regulación; hemos presentado iniciativas y el Ejecutivo se niega a discutirlas; un servidor público debe hacer lo que la ley le faculta”, comentó el legislador.